Detención está en ‘el ojo del huracán’

Ibarra.- Un arsenal de armas incautado en poder de Carlos Miguel D.M., representante de la empresa Hanrine Ecuadorian Exploration And Mining S.A., genera una ola de polémicas, no sólo en torno a él, sino a la Ministra de Gobierno María Paula Romo, a miembros de la Policía Nacional, al fiscal a cargo del proceso y a una jueza de flagrancia.

El empresario aseguró en una denuncia por presunto fraude procesal que este sería “un ataque premeditado para bloquear sus actividades como gerente de la empresa a la que representa, por claros y evidentes intereses particulares de la ministra, que en su momento tendrá que explicarlos al país”, según la información emitida por Diario El Universo.

Relación con Imbabura
“Tras un operativo en Tumbaco, la Unidad de Delitos con Armas, de la @PoliciaEcuador, detuvo a Carlos Miguel D.M. con 2 pistolas, 1 fusil, alimentadoras y más de 9 500 municiones. En este momento…”, escribió la ministra Romo en su cuenta de Twitter.

Luego de algunas horas la funcionaria replicó dicho post, informando que: “A pesar de este arsenal y que el detenido tiene doble nacionalidad, la jueza no consideró necesaria la prisión preventiva. La investigación seguirá adelante”.

Lo que parecería ser un procedimiento de rutina, ejecutado por la Policía Nacional, terminó siendo un caso de connotación nacional, ya que Hanrine tiene a su cargo la concesión de la zona minera de Buenos Aires, en el cantón Urcuquí, sitio que generó un sinfín de dolores de cabeza, tanto para Romo como para las autoridades locales y provinciales, ya que la ‘fiebre del oro’, no sólo originó la presencia de miles de mineros ilegales nacionales y extranjeros, sino que trajo consigo varias muertes, extorsiones, delincuencia organizada, prostitución, trata de personas, tráfico de drogas, tenencia de armas y otros delitos, cuyos procesos reposan en las diferentes unidades judiciales de la provincia de Imbabura.

Audiencia de flagrancia
La jueza Geovanna Palacios estuvo a cargo de la audiencia de calificación de flagrancia del operativo ‘Victoria 563’ y dispuso la libertad de Carlos Miguel D.M.; Para la magistrada el argumento de que el procesado sería miembro de un Club de Tiro y que tendría los permisos de las armas y la documentación que demuestra la adquisición de municiones, fue aceptado, así como también el hecho de que estarían en trámite otros permisos en el Comando Conjunto de la Fuerzas Armadas.

 

Brindaban seguridad a Assange
Según una publicación de diario El Comercio, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, confirmó que la persona liberada, Carlos Miguel D.M. (foto), pocas horas después de ser detenido con armamento, es el propietario de la empresa que dio seguridad al fundador de Wikileaks, Julián Assange, mientras permanecía en la Embajada de Ecuador en Londres y “aparentemente también subcontrató a otros”. Los datos que tenían los investigadores era que este arsenal presuntamente “era usado en actividades ilícitas”.

 

Esta decisión levantó el ‘avispero’ a nivel nacional, ya que los miembros policiales aseguraron que los documentos presentados por el sospechoso no estarían vigentes y que no escatimarán esfuerzos para probar el cometimiento del delito en futuras diligencias.

Arrancó la polémica
El Pleno del Consejo de la Judicatura abrió una investigación disciplinaria en contra de la jueza Geovanna Palacios. Dicha resolución se tomó luego de que la magistrada no dictara la prisión preventiva contra el procesado que es investigado por el presunto delito de tráfico ilícito de armas de fuego, informó el vocal de la entidad, Fausto Murillo.

Según diario El Comercio, Murillo indicó que se comenzó a recabar evidencias para determinar si las actuaciones de la jueza incurrieron o no en una infracción disciplinaria.

Añadió que este es un caso de interés nacional y que por eso “es procedente investigar”. También se aclaró que la jueza no ha sido suspendida de sus funciones.

Acciones del denunciado
Tres días después del operativo y ya habiendo recuperado su libertad, Carlos Miguel D.M., informó que mientras descansaba en su domicilio el contingente policial llegó a allanar el sitio, explicando que “mediante información reservada, conocieron que en la parroquia de Puembo existirían dos inmuebles, en los cuales estarían almacenando armas de fuego y munición que habrían ingresado al país de forma ilegal y no poseerían la respectiva documentación legal”.

El procesado, había confirmado que tenía armas de fuego, pero con los respectivos permisos, además de que corresponde a la práctica deportiva y que un fusil es de aire, por lo que no correspondería permiso, así como otros dispositivos similares a armas cortas que serían láser para dicha práctica, por lo que presentó una denuncia por un presunto fraude procesal.

Respuesta de la Ministra
Ante esta acción judicial la ministra Romo, mencionó: “Daremos la respuesta que a otros casos que es presentarnos, comparecer en el proceso, responder y que la investigación se dirija en donde tiene que estar, en los investigados y no en los investigadores”.

Por su parte la Policía Nacional, luego de conocer la denuncia, señaló que el operativo estuvo enmarcado dentro de todos los parámetros del debido proceso.

“La Policía Nacional rechaza la actitud maliciosa de quienes acorde a los principios de la presunción de inocencia, tienen la obligación de demostrar ante la justicia la legalidad de sus actos y expresa el total respaldo al procedimiento policial”, reza el comunicado.