Corte declaró la inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo del 21 de diciembre de 2020

El Pleno de la Corte Constitucional, en sesión extraordinaria del pasado 27 de diciembre con voto de mayoría, declaró la inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo Nro. 1217 del 21 de diciembre de 2020, en el cual el presidente de la República declaró el “estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, por el grave incremento en el contagio del COVID -19, a causa de las aglomeraciones así como la exposición a una mutación con mayor virulencia importada desde el Reino Unido”.

Así lo anunció la Corte, en una publicación de Twitter la noche del 2 de enero. En el documento se explica la razón por la cual dicho organismo  concluyó que el decreto de estado de excepción no se adecuaba a las normas constitucionales.

Según la Corte, el estado de excepción está previsto para situaciones extraordinarias que no se pueden resolver a partir del sistema jurídico y de la institucionalidad ordinarios. Sin desconocer la gravedad de las consecuencias de la pandemia a las que se refiere el decreto, puntualizó que estas se caracterizan por su duración indefinida. Por esta razón, un régimen diseñado para ser temporal y excepcional no puede perennizarse mientras dure la pandemia y sus consecuencias. Al examinar el decreto, la Corte Constitucional consideró lo siguiente:

La Corte refiere a que el presidente de la República fundamentó el estado de excepción en un posible riesgo futuro y no actual, sin base en información suficiente, clara y específica.

MIRE EL DOCUMENTO:

Además, recordó que previamente había advertido que “no admitirá una nueva declaratoria sobre los mismos hechos que han establecido la calamidad pública en dos ocasiones anteriores con sus respectivas renovaciones”.

Al analizar esta nueva declaratoria, la Corte verificó que, en general, el decreto se fundamenta en los mismos hechos que las dos ocasiones anteriores. En consecuencia, determinó que no admitirá una nueva declaratoria con fundamento en los mismos hechos.

Tampoco constató que los hechos que motivaron la declaratoria no pueden ser superados a través del régimen constitucional ordinario.

En razón de lo expuesto, la Corte resolvió:

  1. Declarar la inconstitucionalidad del Decreto Nro. 1217.
  2. Recordar al presidente de la República y a las autoridades competentes que las medidas a las que se refiere al Decreto Nro. 1217, dirigidas a evitar las aglomeraciones y reuniones masivas así como a prevenir los posibles riesgos de la nueva variante del COVID-19 identificada en el Reino Unido, pueden adoptarse con base en las atribuciones del régimen constitucional ordinario, incluso por parte del COE, como en efecto ha ocurrido, sin que sea necesario recurrir a las potestades extraordinarias autorizadas en un estado de excepción.
  3. Frente a los posibles riesgos de la nueva variante del COVID-19, la Corte reiteró su exhorto al gobierno nacional para reforzar, de forma coordinada, los mecanismos de prevención disponibles bajo el régimen ordinario.

Esta decisión contó con el voto salvado del juez constitucional Hernán Salgado Pesantes quien expresó que la causal invocada de calamidad pública –o catástrofe– no es repetitiva, pues la pandemia del COVID-19 “… ha presentado rasgos que desbordan la realidad cotidiana”, al constituir “… una fuente de muerte para el Ecuador y el mundo” .

Afirmó que, ante el aumento en la cantidad de contagios y muertos, pretendiente que la pandemia sea tratada mediante el dispositivo legal de que disponen los órganos estatales, no se comprende “la magnitud apocalíptica de la pandemia…”.

Por lo expuesto, consideró que la declaratoria del estado de excepción por 30 días es constitucional, excepto en lo referente a la medida de proceder a los requisitos y que el Presidente debe dar su informe correspondiente concluido el estado de excepción.

Respecto a esta decisión todavía no existe un pronunciamiento del Gobierno Nacional