Corte Constitucional acoge pedido de las universidades y dispone suspender recorte de presupuesto

La Corte Constitucional acogió el pedido realizado por diferentes universidades de todo el país para suspender el recorte presupuestario anunciado por el Ministerio de Economía y Finanzas y la Secretaría de Educación Superior Ciencia y Tecnología, Senescyt.

Esta instancia resolvió emitir la resolución Nro. 34-20-IS/20  sobre medidas cautelares en la cual dispone al Ministerio de Economía y las demás autoridades de la Función Ejecutiva a que suspendan y se abstengan de realizar modificaciones presupuestarias que puedan tener un impacto negativo en el presupuesto de las instituciones de educación  superior.

 

Por ello, el Constitucional aclaró que su resolución “no implica un pronunciamiento sobre el fondo de la presente acción de incumplimiento”.

Precisó, no obstante, que en su análisis “ha verificado” que los argumentos presentados por los demandantes y otros hechos de “conocimiento público”, se ajustan a los “requisitos para conceder una medida cautelar”.

En el escrito, la Corte recuerda que el país se encuentra sometido a un estado de excepción desde el pasado 16 de marzo por la expansión del contagio del COVID-19 y que la demanda de medidas cautelares fue presentada el pasado 4 de mayo por el catedrático Pablo Dávalos y otros ciudadanos.

El pronunciamiento de la Corte Constitucional se da luego de que grupos de estudiantes y docentes universitarios realizaran varias manifestaciones de protesta contra los recortes presupuestarios ordenados por el Ejecutivo.

El pasado lunes, un grupos de manifestantes, guardando normas de boseguridad como el uso de mascarillas y con distanciamiento físico entre ellos, se congregaron en las inmediaciones de la Universidad Central (Estatal) de Quito para rechazar los ajustes.

El profesor universitario Lenín Miranda, de la Asociación de Docentes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central, indicó que la protesta obedecía a los permanentes recortes que el Gobierno ha aplicado contra los centros académicos.

“Ya tuvimos un recorte en diciembre y otro a principios de este año”, reveló Miranda al señalar que un 30 por ciento de los profesores con contrato estaban en riesgo de ser desvinculados por la merma financiera ordenada por el Gobierno.

Contexto

En el comunicado la Corte Constitucional detalla lo siguiente: “En sesión extraordinaria del 19 de marzo de 2020, el Pleno de la Corte Constitucional aprobó el Dictamen de Constitucionalidad Nro. 1-20-EE/20, por el cual se declaró la constitucionalidad del Decreto Ejecutivo Nro. 1017 del 16 de marzo de 2020, en relación al estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, por los casos de coronavirus confirmados a causa de la declaratoria de la pandemia de COVID-19, por parte de la Organización Mundial de la Salud.

A poco más de un mes, Pablo Dávalos Aguilar y otros ciudadanos presentaron una demanda de acción de incumplimiento, respecto del Dictamen Nro. 1-20-EE/20 emitido el 19 de marzo de 2020, por la Corte Constitucional en conjunto con una petición de medidas cautelares, en la cual se solicita que “se ordene la suspensión provisional de los efectos del Oficio Circular Nro. MEF-VGF-2020-0003-C expedido por el Viceministro de Finanzas de Ecuador, el 16 de abril de 2020 y todos los actos subsecuentes derivados de la vigencia del referido acto administrativo, hasta que se dicte la correspondiente sentencia en el presente caso (…)”.

Del análisis realizado a las solicitud presentada, esta Corte observa que el oficio impugnado es la circular ya mencionada, la cual contiene las “Directrices de ejecución presupuestaria para el segundo trimestre del año 2020”, que rigen para todas las entidades que conforman el sector público, y que fueron emitidas a partir de la emergencia sanitaria generada por la pandemia de COVID-19, con el propósito “(…) de precautelar el uso eficiente de los recursos disponibles tomando en cuenta el impacto social y económico de la emergencia sanitaria en el Ecuador”, por lo que ordenar la suspensión total de dicho oficio, sería desproporcionado e inadecuado para los propósitos de la vulneración que se quiere evitar; por tanto el Pleno del Organismo resolvió:

  1. Disponer a las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, así como a las demás autoridades de la función ejecutiva que corresponda, que suspendan y se abstengan de realizar  modificaciones presupuestarias que puedan tener un impacto negativo en el presupuesto de las instituciones de educación superior.
  2. Así mismo, se dispone detener los efectos del oficio circular Nro. MEF-VGF-2020-0003-C, exclusivamente en lo que respecta al aspecto presupuestario de las instituciones de educación superior, hasta que la Corte adopte la decisión de fondo.
  3. Esta resolución no implica un pronunciamiento sobre el fondo de la presente acción de incumplimiento.
  4. Disponer la devolución del expediente del proceso a la jueza constitucional sustanciadora, en aras de que continúe con la sustanciación de la causa