Construcción de una variante vial provoca varios problemas

IBARRA.- Carmen Rodríguez y Denis Laporta, presidenta y vicepresidente, respectivamente, de la Corporación Talleres del Gran Valle, remitieron una carta al Subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Mauro Milton Chicango Burbano, reclamando por la previsión no tomada en cuenta en la construcción de una variante de la carretera Otavalo-Selva Alegre- Quinindé que en lugar de ser una solución ha provocado inconvenientes y daños, incluso a la propiedad privada.

La Corporación Talleres del Gran Valle es una organización social sin fines de lucro creada en el año 1998 con sede en San José de Magdalena, parroquia García Moreno, cantón Cotacachi, provincia de Imbabura.

En la comunicación fechada el 23 de agosto de 2021 remitida también a diario EL NORTE y copiada al Gobernador de Imbabura, Marcelo Simbaña y a Katherine Andrade, Defensora del Pueblo de Imbabura, se indica textualmente: “Mediante el presente oficio, tenemos a bien denunciar los hechos ocurridos en la comunidad Río Verde, parroquia García Moreno, cantón Cotacachi donde nuestra organización es propietaria de un terreno y unas instalaciones construidas en el marco de la cooperación internacional entre España y Ecuador, las cuales, días atrás, fueron afectadas por el equipo vial de la empresa que está construyendo la vía Quinindé-Las Golondrinas-Saguangal/Magdalena, obra estatal a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.”

Los daños ocasionados son: ingreso no consentido a propiedad privada de maquinaria pesada, destrucción total del cerramiento, portón y malla metálica existente en todo el frente del predio, relleno del patio delantero con grandes cantidades de roca y demás materiales, hasta llegar al filo de la casa y puertas de entrada, afectación directa a la vivienda de una joven pareja y sus hijos menores que ocupan parte del edificio.
Los denunciantes, adjuntaron fotografías para evidenciar los hechos ocurridos.

Solicitamos el cese inmediato de toda actividad que pueda seguir afectando las instalaciones de nuestra propiedad y así como las acciones correspondientes para resarcir los derechos colectivos e individuales vulnerados por su institución, se indica en la comunicación remitida.