Comisión legislativa recomienda juicio político contra exministro

Quito. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de Ecuador recomendó al pleno de ese órgano continuar con el juicio político de censura contra el exministro de Economía, Carlos De la Torre, involucrado en un polémico traspaso de fondos de una cuenta para reconstruir daños de un terremoto.

Con los nueve votos de sus integrantes, la Comisión de Fiscalización, que hoy se reunió en la ciudad costera de Montecristi, en la provincia de Manabí (oeste), resolvió por unanimidad aprobar un informe con el que “recomienda” al pleno continuar con el trámite de juicio político contra De La Torre, indicó el órgano legislativo en su cuenta de Twitter.

Además, en un comunicado, recordó que la moción de censura fue presentada por las legisladoras Tanlly Vera, Rina Campain y Carmen Rivadeneira.

Según ellas, De la Torre habría incumplido sus funciones al frente de la cartera de Economía al haber ordenado el traspaso de 300 millones de dólares de un fondo destinado a la reconstrucción de zonas afectadas por el terremoto hacia la Cuenta Única del Tesoro Nacional, para atender un problema temporal de liquidez.

Las demandantes sostienen que el exministro usó esos recursos para el pago a proveedores, asignaciones a municipios y gobiernos locales y el pago de sueldos en instituciones públicas.

María José Carrión, presidenta de la Comisión de Fiscalización, explicó que con esta decisión la Asamblea “ratifica su compromiso con Manabí y Esmeraldas, así como con el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016”.

“Vamos a investigar todo lo relacionado con la reconstrucción, si se manejaron adecuadamente los recursos, si hubo o no una priorización de obras, cómo se las efectuó y cuáles están pendientes”, dijo Carrión.

De su lado, José Herrera, secretario Técnico para la Reconstrucción, una entidad gubernamental encargada de resarcir los daños provocados por el terremoto, indicó que desde el inicio de su gestión privilegió la transparencia y la responsabilidad en el manejo de los fondos asignados.

Esos recursos provienen de una Ley de Solidaridad y de la cooperación internacional y están encaminados a que se atienda oportunamente a los sectores que más necesitan, añadió.

“Hemos pedido a la Contraloría General del Estado audite a todas las instituciones vinculadas con el manejo de fondos para la reconstrucción, a fin de saber qué se ha hecho y cómo se lo ha hecho”, añadió.

Tras el diálogo con los periodistas, los integrantes de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea visitaron varias zonas afectadas por el terremoto, para constatar el avance del programa de rehabilitación de redes de agua potable, alcantarillado, soterramiento de cables de energía eléctrica, telefonía y otros, así como la construcción de viviendas.

El terremoto del 16 de abril de 2016 se cobró la vida de 670 personas y dejó miles de heridos y damnificados sobre todo en la zona de la costa noroeste de Ecuador, especialmente en la provincia de Manabí y el sur de Esmeraldas.