Caso Turi: Ahora van a juicio por presunta tortura

El Tribunal de Garantías Penales con sede en el cantón Cuenca instalará hoy, a las 08:30, la audiencia oral y pública de juicio por el presunto delito de tortura cometido el pasado 31 de mayo de 2016, por miembros de la Policía Nacional en contra de más de 200 internos del Centro de Rehabilitación Social Turi.

El juzgamiento se instalará en la sala 209 del Complejo Judicial de Cuenca, luego de que el 13 de marzo de 2020, la Corte Provincial de Azuay declaró la nulidad de la sentencia condenatoria, emitida en primera instancia, para 37 de los 42 policías procesados. Con esto, la causa regresa a la etapa de juicio y permite al Tribunal de Garantías Penales analizar nuevamente los hechos, según informaron desde la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh).

El 31 de mayo de 2016, aproximadamente a las 10:00, ingresaron los miembros policiales al Pabellón de mediana seguridad “JC”, del Centro de Rehabilitación Social Turi, con el objetivo de realizar una requisa en el lugar. Sin embargo, en este operativo, cerca de 200 personas privadas de la libertad fueron víctimas de golpes, toletazos, descargas eléctricas e incluso fueron obligados a desnudarse mientras les lanzaba gas.

En la sentencia de primera instancia se condenó a los 42 agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) y Grupo de Intervención y Rescate (GIR) que participaron en el operativo de control por el delito de extralimitación de la fuerza en un acto de servicio; en esta nueva fase, son investigados por el delito de tortura.

En la diligencia de hoy se volverán a escuchar los testimonios vía conferencia y se presentarán las pruebas documentales y periciales de las partes procesales; y se escucharán los alegatos de la defensa técnica de las mismas. El Tribunal también coordinará con la Defensoría Pública para la designación de cuantos defensores públicos sean necesarios para la audiencia.

Para Pamela Chiriboga, coordinadora del área legal de Inredh, el judicializar y sancionar a los funcionarios públicos responsables de actos de tortura, permitiría dejar un precedente para evitar que estos hechos se vuelvan a cometer, ya que en este tipo de casos es necesario que se parta de la posición especial de garante que tienen el Estado.