“Hasta hoy no tenemos la notificación de la jueza”, dice abogado en caso de relleno sanitario

El doctor Marcos Martínez Flores, abogado defensor del ciudadano Cristian Guerrón y de los habitantes de Ambuquí que se sienten afectados por el relleno sanitario de San Alfonso, indicó que hasta el momento no han recibido la notificación del juzgado mediante la cual se negaba la acción de protección.

Una ordenanza
Cuando nosotros presentamos la medida cautelar para que se declare que se han vulnerado derechos, lo que pretendíamos es que en el plazo de 30 días, la Alcaldía adquiera un microondas, un esterilizador, incinerador o un autoclave para que los desechos peligrosos e infecciosos no vayan al basurero de San Alfonso como actualmente van, es decir activos, señaló Martínez al mencionar que también se exigía que se elabore una ordenanza que permita regular los desechos peligrosos, “toda vez que esa ordenanza que existía fue derogada y no fue sustituida, lo cual crea un vacío legal y una gran responsabilidad para la Alcaldía”.

Retiro de coactivas
El doctor Marcos Martínez señaló que algunas medidas de protección se han pedido, entre esas que se deje sin efecto las coactivas que pesan sobre los profesionales médicos, veterinarios y otros que son generadores de desechos sanitarios, pese a que demostraron fehacientemente que la municipalidad de Ibarra no cumplía con las normas de recolección, transporte, tratamiento y disposición de los desechos peligrosos.

Responsabilidades
También afirmó que el Ministerio de Ambiente le ha dado algunas prórrogas al municipio porque no ha cumplido algunas obligaciones “y está por vencerse una de ellas en octubre”.

Por efectos de la pandemia se dijo que se ha suspendido un término, pero pueden suspenderse todos los términos, menos en el que está de por medio una vulneración de derechos humanos; esto no termina ahí, acotó Martínez, apenas nos hagan llegar a nuestro casillero la sentencia de la jueza, apelaremos ante la Corte Provincial y si nos es desfavorable, acudiremos ante la Corte Constitucional.

No puedo aceptar que se haya dicho que hemos incorporado documentos falsos, “ella no es jueza penal y quien tiene la obligación de probar es el GAD municipal de Ibarra. En las acciones de protección quien tiene la obligación, la carga de la prueba, es el accionado”.

Instancias
La Dra. María Cuastumal Guaranguay es una de las mejores juezas de la Niñez y Adolescencia, pero por sorteo le tocó conocer un tema constitucional y ella no tiene porque ser una especialista en Derecho Constitucional y aquí nos topamos con esta situación, sin embargo yo tengo muchas esperanzas en la Corte Provincial que nunca ha fallado, expresó.