Casa judicial de Otavalo es una caja de sorpresas

Otavalo. Nuevos detalles se conocen de las irregularidades en la construcción del Complejo Judicial. Andrea Cazar, delegada del Consejo de la Judicatura en Imbabura, estuvo ayer en la ciudad sarance y entregó nuevos datos sobre el particular.

No quiso hablar de sobreprecios, pero reconoció la sobrevaloración existente en la obra, que debió tener un costo 3 millones 249 mil 359 dólares, pero terminó facturándose por 7 millones 736 mil 570 dólares.

El excedente del escenario es de 4 millones 487 mil 210, según el informe técnico presentado en Quito, por José Cisneros, coordinador estratégico de la Dirección de Infraestruc-tura Civil de la Judicatura.

Antecedentes. Aunque el complejo judicial fue inaugurado el 17 de abril de 2013, hasta la fecha no se ha hecho la entrega oficial de la obra. No existe el acta de entrega recepción; fallas en su estructura, oficinas fisuradas con desniveles, además de espacios mal distribuidos, son parte de las nuevas falencias ventiladas ayer.

Anuncio. “La obra aparentemente está concluida pero no se ha entregado los planos finales. Falta la planilla número tres de liquidación corregida, las pruebas de carga y de trabajos correctivos entre otros”, apuntó Cazar.

La falta de estos requisitos impide que se haga una remodelación en cualquier parte del escenario. A pesar de la situación, la atención es normal en cada una de las dependencias.

En espera. Hasta el momento, Andrés Paredes King, encargado de la construcción del complejo judicial, no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, las investigaciones para determinar el sobreprecio ya iniciaron de manera oficial tanto en Otavalo como en el resto de ciudades afectadas por esta situación.

Según verificó EL NORTE, Paredes-King, se encuentra registrado en el SRI como tipo de contribuyente “personas naturales” y sus actividades comerciales las inició el 2 de julio de 2010.

Inconsistencias. Desde el inicio de la construcción, la obra presentó inconvenientes. Los trabajos arrancaron el 17 de enero de 2012 con el objetivo de finalizarlos el 15 de junio del mismo año, pero no ocurrió, pues la obra finalizó el 30 de enero de 2013. “Desde aquí se presentó un incumplimiento de entrega de la construcción. Pese a esto pasaron los años y las autoridades respectivas no realizaron las investigaciones correspondientes o no se dio a conocer lo que sucedía”, agregó la funcionaria provincial.

Datos técnicos. El Complejo tiene un área de construcción de 5 500 m2, y se levantó sobre un terreno de 2 mil 460 m2. Actualmente en los dos edificios trabajan 60 funcionarios judiciales. En los próximos días se tiene previsto habilitar la unidad de violencia intrafamiliar.

El escenario está bien equipado; una cámara Gesell, un espacio lúdico, seis salas de audiencias y salas de espera son parte del inmobiliario existente.

En el estudio realizado también se encontraron irregularidades en los Complejos Judiciales Quito, Latacunga y Guayaquil.

Según Cazar, una vez recibida toda la información, será el Fiscal General, Paúl Pérez, quien dará inicio a un proceso de investigación sobre este caso.

Se hizo público. El miércoles pasado Marcelo Merlo, presidente del Consejo Nacional de la Judicatura en transición, solicitó a la Contraloría investigar posibles irregularidades en la construcción de edificios judiciales durante el periodo 2011-2013. La Judicatura analizó 66 unidades judiciales y de ellas 43 tienen ese problema.

Las autoridades informaron que dentro de las obras de emergencia judicial, cinco primos del expresidente de la Judicatura en transición, Paulo Rodríguez Molina (2011-2013), figuraron como superintendentes de obra y personal técnico de la empresa C&C Constructores.

Ali López (i) funcionario judicial de Otavalo, durante el recorrido con Andrea Cazar, delegada provincial de la Judicatura.
En esta oficina de la judicatura se presenta un desperfecto en el piso y un desnivel notorio en la sala de audiencias del edificio.