Candidatos deben obtener al menos el 4% de votos en la lid electoral

Los candidatos u organizaciones políticas que no logren obtener al menos el 4% de votos en estas y las próximas elecciones deberán devolver el 50% del fondo de promoción electoral.

A esa es una de las novedades que presentarán los comicios electorales de febrero próximo.

En febrero del año pasado la Asamblea Nacional, realizó una serie de reformas al Código de la Democracia entre ellos se abordó el Fondo de Promoción Electoral, que es el dinero que el Estado asigna a las agrupaciones políticas para que contraten publicidad en los medios de comunicación.

Dentro de esta normativa se estableció que si un aspirante no obtiene en una segunda elección al menos 4 % de los votos válidos, deberá devolver al Estado el 50 % de los montos a él asignados.

Hay una organización política que se encuentra en este dilema, de acuerdo a la normativa legal.

Santiago Garrido del movimiento Somos Libres, lista 62, fue uno de los once participantes en los comicios electorales de 2019 para la Prefectura de Imbabura.

En aquella oportunidad, terminó sexto con 8222 votos, para este proceso electoral, Garrido vuelve a la palestra política por el mismo movimiento pero su aspiración será llegar a la Asamblea Nacional.

Los resultados de las elecciones de 2021 serán cruciales para Fuerza EC y el Partido Socialista, que no lograron buenos resultados en las seccionales de 2019. El primero no tiene representación en Imbabura, mientras los socialistas van en alianza con el Movimiento Concertación que también debe sacar un número considerable de candidatos para seguir activo.

Ninguno de los dos partidos logró el número de alcaldías y concejalías necesarias para seguir existiendo, pero aún tienen asambleístas. Por eso deben ganar un cierto número de curules a nivel nacional para mantener su estatus político legal vigente.

Aunque tampoco tienen representación en Imbabura, los movimientos Libertad es Pueblo y Ecuatoriano Unido se encuentran a un paso de la cancelación de su personería jurídica.