Buenos Aires sin informes de los daños ambientales

Ibarra. Han transcurrido seis meses desde que el Gobierno Nacional intervino en la zona minera de Buenos Aires, en Urcuquí, sin que hasta ahora exista un pronunciamiento oficial sobre el futuro de la concesión y la cuantificación de los daños ambientales en la zona.

Concesión. La empresa Hanrine cuenta con un título minero otorgado por el Ministerio de Energía para una fase inicial, en la categoría de mediana minería para cuatro concesiones: IMBA 1 e IMBA 6 en las parroquias La Carolina y Lita. la IMBA 2 e IMBA 3, que se encuentran en la parroquia La Merced de Buenos Aires.

En IMBA 2 se concentraron las actividades ilegales.

Ahora la concesión se encuentra en estado suspendido, un recurso otorgado el viceministerio de Energía ante una petición motivada por la compañía. La concesión mantiene además un “amparo administrativo” vigente desde marzo del año 2018.

Según Stieve Gamboa, procurador judicial de la empresa, dijo a diario EL NORTE que el amparo administrativo pedido por la compañía fue solicitada por la existencia de minería ilegal en el sitio, pero hasta la actualidad esto no se ha dado.

“La Arcom y el ministerio nunca hicieron un desalojo por minería ilegal”, recalcó.

El operativo de desalojo implementado desde el ministerio de Gobierno se realizó por encontrar en el sitio una gran variedad de delitos, pero menos por minería ilegal, “incluso el decreto de excepción no fue declarado por ese motivo”, manifestó Gamboa.

Además señala que hasta ahora el Ministerio de Ambiente no ha presentado el informe sobre los pasivos ambientales la zona de Buenos Aires, “no nos han notificado en ninguna circunstancia por escrito con la hoja de ruta que planea el viceminsiterio de Energía con relación al proyecto minero en esta área, tampoco se conoce la cuantificación de los pasivos ambientales”, dijo.

El sector afectado es de 60 hectáreas aproximadamente, pero el proyecto Imba tiene varios miles de hectáreas y la empresa concesionaria no ha presentado una petición de modificación del compromiso de inversión con el Estado, informó Gamboa.

Añadió que se va a cumplir con la agenda de trabajo para cumplir con la etapa de exploración inicial, “tenemos todos los permisos de ambiente de agua y ambiente al día”.

Indicó además que la empresa presentó denuncias contra los líderes de la minería ilegal ante la Arcom y el viceministerio de Energía y han sido víctimas de amenazas de represalias, que han complicado la operación en territorio.

En Imba 2 no se ha registrado mas de 500 mil dólares de inversión, “hemos documentado que con el amparo administrativo no se ha podido cumplir”, dijo.

Esperan que sean convocados formalmente para planificar la hoja de ruta y conocer las afectaciones ambientales en Buenos Aires que no solo deben ser cuantificadas sin o remediadas y eso, según Gamboa, es a cuenta del Estado, no es responsabilidad del concesionario.

Además insistió en hay que tomar en cuenta que el Estado ecuatoriano debe cumplir con una compensación social en la comunidad que vio afectada su calidad de vida por la minería ilegal.

“Luego de esto esperaremos la posición del Gobierno, que en primera instancia creemos que el Estado debería fraccionar el área para que se pueda trabajar con varias opciones que existen, como una empresa comunitaria o con el Enami.

Coordinador. Según el coordinador de la zona l del Ministerio de Energía, Mauricio Almeida, la zona está bajo control y ya no hay grupos ilegales.

Con respecto a la concesión dijo que se enviado invitaciones a la compañía para renovar el plazo, “pero no hemos tenido respuesta hasta el momento”, señaló.

Añadió que si al concesionario no le interesa, hay una ley que establece una causal para extinción o bajo informes de Arcom hay la posibilidad de extinguir la concesión.

Informó además que las concesiones no son grupales y si la empresa no se interesa en el proyecto Imba 2 se convocará a un nuevo concurso, después de cuantificar los daños en la zona de Buenos Aires.