Audiencia de odio racial diferida

El juez ponente del caso Michel Arce, que se sigue por odio racial, difirió la diligencia que se instaló ayer, por pedido del abogado defensor del procesado quien asumió el caso un día antes.      
La Fiscalía debía sustentar el caso Michael Arce por el delito de odio en la Corte Provincial de Pichincha.

FALLO DE LA CORTE
El caso por odio racial contra el joven afrodescendiente Michael Arce regresó a la Corte Provincial de Pichincha para que se realice una segunda audiencia que valore de forma correcta la prueba, desde un enfoque jurídico y sociológico.
“Se declara la nulidad constitucional por falta de motivación en la sentencia dictada por la Sala de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha”, fue parte de la decisión anunciada por Gladys Terán, jueza ponente de la Sala Especializada de Garantías Penales de la Corte Nacional de Justicia, ante el recurso de casación interpuesto por la Fiscalía General del Estado (FGE).
La jueza  Terán sustentó la decisión unánime de la Sala en que se dejó en situación de revictimización a Michael Arce por falta de tutela judicial efectiva, porque la sentencia de inocencia de la persona que vulneró sus derechos, fue ratificada por la Sala Única Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha sin la suficiente motivación.
El fallo de la Corte Nacional  se anunció a las partes al final de la audiencia  de casación realizada en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), la tarde del 9 de junio del 2015.

PROCESO VULNERADO
 Paulina Garcés, asesora de la FGE quien intervino en la audiencia, demostró ante la Sala que los principios constitucionales de tutela judicial efectiva y debido proceso fueron vulnerados en la sentencia de la Sala Única Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.
Esta instancia ratificó la inocencia del ahora capitán del ejército Fernando E. emitida por el Tribunal Séptimo de Garantías Penales de Pichincha, sin tomar en consideración los análisis jurídico y sociológico de los hechos que rodean el odio racial. Entonces, al no estar la sentencia debidamente motivada se vulnera el debido proceso, aseguró.
ALEGATO
Para sustentar su alegato, la asesora Garcés citó la sentencia de la Corte Constitucional 136-14-SEP-CC, donde precisa la necesidad de “examinar con enfoque jurídico pero también sociológico el tema para entender la importancia de los hechos que motivaron esta acción (odio racial)”.
Sin embargo, en las audiencias ante el Tribunal Séptimo y la Sala Única Penal de la Corte Provincial se “menospreció” el testimonio de dos peritos que investigaron el proceso de hostigamiento y discriminación denunciado por Arce, explicó Gina Gómez de la Torre, fiscal de este caso que es uno de los 136 que se investiga en la Dirección de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la Fiscalía.
El hoy capitán  Fernando E., se encargó del hostigamiento, violencia moral, y ordenó a sus subalternos violencia física en contra de Michael Arce Méndez, joven que superó las pruebas iniciales, y que lo hizo por primera vez mediante  beca del Estado, sin pago alguno, como siempre se había acostumbrado en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro (ESMIL), sostuvo la Fiscalía.
 
FALLO POLÉMICO
Para Juan Pablo Albán, abogado particular del joven Arce, la sentencia de inocencia es un “fallo polémico” que refleja los prejuicios raciales de los propios operadores de justicia, “tras un proceso penal que evidenció la intención manipuladora de las Fuerzas Armadas para invisibilizar el problema, aunque la Defensoría del Pueblo del Ecuador ya había declarado tiempo antes su responsabilidad institucional en los hechos”.