Atentado contra Ibarra

En un escenario demencial, de violencia desbordada, que generó caos, terror, miedo, convirtió a una gran mayoría de ciudadanos en rehenes, sin derechos para movilizarse, aprovisionarse en los mercados, trabajar, caminar libremente por calles y ciudades. Violencia que mostró la ruindad, el ensañamiento de grupos manipulados por líderes a los que no importan ni el país, ni el respeto a los demás, dirigentes intolerantes que convierten en farsa la palabra “hermano”, tan utilizada en estos días.

Escenario de guerra que devastó el patrimonio, burló principios elementales de la lucha social, despertó los sentimientos más bajos del odio, con el mentiroso pretexto de beneficiar a todos los ecuatorianos. En ese ambiente envenenado, de revanchismo, Ibarra sufrió un atentado. Sí, un atentado contra un servicio vital, la planta de tratamiento de agua potable de Guaraczapas que sirve a importantes barrios del sur de la ciudad.

Pero resulta extraño que ni los dirigentes de San Antonio, Caranqui, El Retorno, ni la alcaldesa y concejales, electos para servir a Ibarra, garantizar servicios básicos a los ciudadanos, hayan condenado el atentado y demandado sanción para los culpables de este ataque irresponsable. Han preferido el silencio. Mutismo cómplice porque no es suficiente la denuncia ante la Fiscalía, sino que resulta necesaria una condena ciudadana, clara, directa a los culpables. Censura a los dirigentes que no frenaron la barbarie o, quién sabe, la alentaron.