Asambleístas analizan requisitos específicos para acceder a cargos de Contralor y Fiscal

Quito. Este miércoles 18 de diciembre el Pleno de la Asamblea Nacional tramitó en primer debate de la enmienda constitucional que establece requisitos específicos para designar al Contralor y Fiscal General del Estado. La iniciativa fue presentada por el exasambleísta Esteban Bernal y cuenta con dictamen de procedimiento de la Corte Constitucional.

Durante la socialización de la propuesta, que llevó adelante la Comisión Ocasional que analiza la temática, el proponente fundamentó sus argumentos, al igual que Wilson Toainga, fiscal Subrogante. Bernal expuso que los requisitos tratan de evitar que se repitan casos en donde estas autoridades, habiendo ejercido cargos en gobiernos anteriores, desempeñan funciones de alta responsabilidad, efectuando un control a su propia gestión y a los de sus excolaboradores. Aseguró que en estas circunstancia se pone en riesgo la imparcialidad y transparencia con la que deben actuar en dichas dignidades.

En tanto, Toainga reconoció la pertinencia de la enmienda, ya que es un filtro loable para evitar un conflicto de intereses que pueden tener al ejercer estos cargos.

La legisladora Elizabeth Cabezas, presidenta de la Comisión Ocasional para el tratamiento de los proyectos de Enmiendas Constitucionales, aseguró que esta propuesta tiene base legal y constitucional, al enfatizar que no altera la estructura del Estado, la Carta Magna, ni restringe derechos.

Explicó que, concretamente, se añade en los artículos 196 y 211 de la Constitución, respectivamente, que: no podrá ser Fiscal o Contralor, quien durante los 10 años previos a presentarse en concurso acorde con la ley, haya ejercido cargos de libre nombramiento y remoción con rango ministerial o su equivalente.

En la discusión, entre otros puntos, los parlamentarios hablaron de analizar si el tema requiere de enmienda o se puede modificar la ley. Señalaron la necesidad de garantizar independencia de gestión de la Fiscalía y hacer efectiva la democracia, transparencia e igualdad en la designación de este tipo de autoridades.