Asamblea censuró y destituyó al defensor del Pueblo, Freddy Carrión

El Pleno de la Asamblea Nacional, con 75 votos afirmativos, censuró y destituyó, cerca de la madrugada de este miércoles 15 de septiembre al defensor del Pueblo, Freddy Carrión Intriago, por incumplimiento de funciones asignadas en la Constitución y la ley en el ejercicio de su cargo. Además, la Legislatura dispuso se remita el expediente a la Fiscalía y a la Contraloría General del Estado, a fin de que en el marco de sus competencias inicien las investigaciones y examen especial respectivamente.

Según la resolución, que registró además 47 votos negativos y 14 abstenciones, se procederá con la notificación al Ministerio de Trabajo para que se registre la censura y destitución de Freddy Carrión Intriago del cargo de Defensor del Pueblo y, en consecuencia, se disponga la prohibición de ejercer algún cargo en el sector público durante el tiempo que determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa (dos años).

El asambleísta por Carchi, José Vallejo y la representante de Imbabura Pamela Aguirre (UNES) votaron en contra de la destitución, en tanto que el legislador Mario Ruiz de Pachakutik estuvo entre los que se abstuvieron.

Así mismo, se recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional el inicio de un proceso de fiscalización y control político en contra del exministro de Salud Pública, Mauro Falconí García; y, de ser procedente, se instaure el correspondiente juicio político.

Debate

En el debate participaron 13 asambleístas. La primera en intervenir fue la interpelante Yeseña Guamaní, quien presentó la moción de censura y destitución, una vez que se han actuado las pruebas de cargo y de descargo. “Esta noche debemos dar un mensaje claro y de esperanza al país, que debe ser con la censura y destitución el Defensor del Pueblo”, enfatizó.

De inmediato, tomó la palabra Fernando Villavicencio, quien defendió el trabajo de la Comisión de Fiscalización. Agregó que el juicio estuvo caído, por la acción de protección propuesta por los abogados del doctor Carrión, pero que con el apoyo de juristas externos se logró que la justicia falle a favor de la Asamblea.

Para Nathalie Viteri el Defensor del Pueblo demostró ser un experto en la manipulación emocional y “un manipulador no puede estar al frente de la Defensoría”.

Entre tanto, Edgar Quezada consideró que no existen elementos de juicio suficientes para demostrar el incumplimiento de funciones, pues se trataría de una vendetta en contra del único funcionario que defendió a la ciudadanía durante el paro de octubre de 2019. En similar sentido se pronunciaron las legisladora Jhajaira Urresta y Viviana Veloz.

Las legisladoras Ana Belén Cordero y Soledad Diab, integrantes de la Comisión de Fiscalización, coincidieron en el sentido que el Defensor del Pueblo, más allá de los posibles actos delictivos de los cuales se le acusa, debió respetar la alta magistratura que representa y no estar involucrado en actos reñidos con la moral.

A criterio de Alejandro Jaramillo, Carrión no pudo demostrar que parte de sus funciones era ir de farra con su gran amigo Mauro Falconí; tampoco agredir a una mujer. “Este es un juicio político y lo que estamos juzgando es el incumplimiento de funciones”, añadió. De igual manera, su colega de bancada Johanna Moreira, cuestionó a quienes defienden a un funcionario que violentó derechos de una mujer.

De su lado, Salvador Quishpe subrayó que están en la Legislatura, no por un juicio político, no solo por una censura o no censura, sino por la lucha por los sueños de los pueblos del Ecuador, por la defensa del agua, por la defensa de la vida. “Este juicio es por el informe de la Comisión de la Verdad por los hechos de octubre”, enfatizó.

Diego Ordóñez expresó su desconcierto por los razonamientos que identifican este juicio con una retaliación política por el informe sobre los hechos de octubre. “No se trata de un proceso por venganza alguna, se trata de hechos que son evidentes, uno de ellos la agresión del Defensor del Pueblo a una mujer”, explicó.

La sesión 726 del Pleno duró más de 14 horas, dentro de las cuales la Asamblea respetó las garantías del debido proceso para las partes.