Alexis Mera y María de los Ángeles Duarte detenidos por presunto delito de concusión

Quito. El exsecretario de la Presidencia de la República, durante el gobierno de Rafael Correa, Alexis Mera y la exministra María de los Ángeles Duarte fueron detenidos este viernes 31 de mayo en Guayaquil. En su perfil de Twitter, la Fiscalía señaló que los dos exfuncionarios fueron retenidos “con fines investigativos en el marco de las pesquisas que la fiscal general lidera por presunto delito de concusión”.

El Código Integral Penal (art. 281) señala que la concusión se configura cuando los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado ordenen o exijan la entrega de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos o gratificaciones no debidas. La pena está estipulada entre tres a cinco años de cárcel.

De que se trata el caso arroz verde. Existe un supuesto un correo electrónico que informa de presuntos aportes entregados por empresas multinacionales —como Odebrecht— al movimiento Alianza País. Según el reportaje firmado por el activista Fernando Villavicencio y el periodista Christian Zurita, varios exfuncionarios del gobierno de Correa estarían involucrados en negociar, gestionar y recaudar el dinero de aportes voluntarios al movimiento Alianza PAIS.

Los principales involucrados serían: el exvicepresidente, Jorge Glas; el exsecretario Nacional del Agua, Walter Solís Valarezo y la exministra de Vivienda, María de los Ángeles Duarte. También estarían implicados varios exasesores de Correa como María Pamela Martínez Loayza; María Augusta Enríquez Argudo.

Por ese caso, la Fiscalía se incautó el pasado martes en la Corte Constitucional de los equipos electrónicos que fueron utilizados por las dos procesadas.

Se trató de dos CPU, un teléfono celular, una tableta electrónica y dos computadoras portátiles, equipos de los que estuvieron a cargo de Martínez y Terán.

La investigación periodística del portal “Mil hojas” menciona aparentes aportes por 11,6 millones de dólares recibidos, de un total de 14,1 millones de dólares proyectados, bajo un supuesto sistema de códigos que identifican a empresas nacionales y trasnacionales, contratistas del Estado y “a los más altos representantes de Alianza País”.

En el caso, la Fiscalía mantiene una investigación previa por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, delincuencia organizada y lavado de activos.