Albergue Municipal se cerró tras incidentes del pasado fin de semana

Ibarra. Tras los últimos antecedentes ocurridos en la capital imbabureña, el alcalde Álvaro Castillo se refirió este miércoles 23 de enero a temas como la inseguridad, la presencia de venezolanos y las acciones tomadas por el cabildo ibarreño de aquí en adelante.

En entrevista con ENtv, la primera autoridad del cantón indicó que el pasado lunes le contactaron desde consulado de Venezuela para que se ubique a sus ciudadanos en los diferentes sitios en donde estaban escondidos y se les proponga la opción de regresar a su país. “Yo he servido de puente, de un medio de conciliación y de operatividad de estos temas, hasta ahí llega mi responsabilidad esperemos que de aquí en adelante todo vuelva a su estado normal”, agregó.

Respecto a las acciones tomadas por la Alcaldía se mencionó del cierre del albergue municipal. Este sitió según Castillo tiene capacidad para 25 personas, de las cuales la mayoría eran de ciudadanos venezolanos. Además recordó que en principio, antes que se incremente el flujo migratorio desde Venezuela solamente acudían a dormir entre 5 y 6 personas. Posteriormente se llegó incluso por pedido de la Fundación HAIAS a incrementar 10 camas más.

En vista de los últimos incidentes xenofóbicos causados por decenas de manifestantes en la ciudad se tomó la decisión de cerrar temporalmente el espacio debido a que no hay quien acuda. En su lugar se instaló una estación de policías.

Castillo señaló que fue el nexo entre el gobierno ecuatoriano y el consulado venezolano. En coordinación con el MIES, Acnur y la Policía Nacional conversaron de la manera de atender la disposición expresa desde el Ejecutivo de solicitar el pasado judicial a los ciudadanos venezolanos que ingresen al país.

El Alcalde enfatizó en que no puede haber en Imbaura seis planes de seguridad, uno por cada cantón y confía en que desde la Gobernación se consolide un plan único para la provincia.

Castillo indicó que para combatir la inseguridad en la capital imbabureña se logró renovar e iluminar 42 espacios urbanos, se contrató 19 cámaras de videovigilancia y se modificó la ordenanza del uso del suelo y espacios públicos. La segunda parte está en manos de la Cámara de Comercio para declarar el centro como una zona libre de comercio informal.