12-09-2019 | 12:14
(I)

Romo: “No está funcionando ningún corredor humanitario, solo entran con visa”

Carchi. María Paula Romo se encuentra de visita este jueves 12 de septiembre, en la provincia fronteriza con Colombia como parte de una gira para firmar acuerdos de seguridad entre el Ministerio de Gobierno y autoridades municipales. Ahí también se refirió al tema de movilidad humana.

“Ecuador solicita visa para los venezolanos, esa es la regla y eso es lo que está vigente. Dicha decisión no esta en revisión”, afirmó la principal de la cartera de Gobierno. Con esta medida señaló que se ha reducido de 1 500 a 60 entradas diarias por la frontera norte.

Estas declaraciones se dan luego que el pasado miércoles el canciller ecuatoriano, José Valencia, explicó en una entrevista que los ciudadanos venezolanos que pasan por Ecuador podrán acogerse a un “permiso de tránsito”, que ya está habilitado en las terminales fronterizas y que solo se podrá obtener presentado la correspondiente visa a un tercer país.

Este permiso, que es “gratuito”, concede al emigrante la posibilidad de circular libremente por el territorio ecuatoriano durante un período de 10 días con el fin de llegar a su destino. Sin embargo la redacción de diario EL NORTE puso constatar este jueves que no están permitiendo el ingreso de ningún venezolano que no tenga la visa humanitaria requerida por Ecuador.

Ante esta circunstancia, Romo explicó que el tránsito (o la visa de tránsito) aplica para cuando se está viajando por vía aérea, pero no se han establecido las condiciones para que este se active el transporte terrestre. “Mientras no se tenga claro y no podamos establecer un mecanismo claro, ni siquiera aplica para el tránsito”

Además dijo que revisará como implementar la alternativa señalada por Valencia, “para que no se ponga en duda la medida original que es la solicitud de visa, al momento no está funcionando ninguna excepción”, aclaró.

En los últimos dos años han pasado por Ecuador más de un millón de emigrantes venezolanos, de los cuales unos 400 000 se han radicado en el país con un coste social y económico altísimo para el Gobierno ecuatoriano, unos 77 millones de dólares en 2018 y más de 120 millones previstos para 2019.