La Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Otavalo (EMAPAO) efectúa la recolección y tratamiento de las aguas residuales, a través del mantenimiento y operación de los sistemas de saneamiento. Este trabajo se ejecuta diariamente en las 14 PTARs, ubicadas alrededor del Lago San Pablo.
Las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales: González Suárez, Inti Huayco Pungo, Huayco Pungo Sur, Huaycopungo Norte, Cachiviro, San Miguel Bajo, Cuaraburo, Pivarinci, Araque, San Pablo, Eugenio Espejo, Camuendo y la Compañía han sido mejoradas e implementadas por EMAPAO-EP junto con el GAD de Otavalo, cumpliendo en el año 2019 con una efectividad del 85% en el tratamiento de las aguas residuales.
Permanentemente, en laboratorios acreditados y de esta entidad, se realizan los análisis de varios parámetros, entre ellos, la demanda química y bioquímica de oxígeno, los cuales permiten evidenciar, de acuerdo a los resultados obtenidos, que la EMAPAO cumple efectivamente con la normativa ambiental vigente en el tratamiento de las aguas residuales.
Se realizan inspecciones de manera continua para evitar las descargas directas de las aguas servidas y las conexiones clandestinas que en más de una ocasión, estas instalaciones ilegales, dañan la tubería que recolecta y conduce esta agua hacia las PTARs.
El personal de estas instituciones realizan constantemente la limpieza de las redes del sistema sanitario y de sus PTARs, por tanto, hacen un llamado a la ciudadanía para que, por medio de una trabajo conjunto, no arrojen residuos sólidos a los pozos, sumideros o rejillas, y clasifiquen adecuadamente los desechos orgánicos e inorgánicos.
Estos elementos provocan la obstrucción, el rebose y colapso del alcantarillado, es así, que las instituciones busca el aporte de las ciudadanía en bien de un desarrollo común y la recuperación del Lago San Pablo, de las quebradas y de los ríos del cantón Otavalo, que tanto se busca, logra cumplirse en un trabajo en conjunto.
La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR, ubicada sobre el río Tahuando, sigue generando contratiempos.
Ahora son los moradores del sector de la Av. Carchi, quienes se encuentran preocupados con el tema, de lo que dicen se provoca a consecuencia del trabajo de la planta, hablan de malos olores y ruidos excesivos. Ayer delegados de la Defensoría del Pueblo estuvieron de visita en el sector con la finalidad de constatar lo que está sucediendo.
“Mis niños se enfermaron, ellos están en Portoviejo, según han dicho los médicos es por situaciones respiratorias, se enferman constantemente, se decaen, no pueden caminar, eso nos ha obligado a tener cerradas las puertas porque vienen unos olores tremendos, ha disminuido sí, pero el olor es bien fuerte no a excrementos, sino a una mortecina”, dijo Rafael Cabrera, uno de los moradores que ayer fue encuestado, al igual que 14 personas más del sector.
La semana pasada EL NORTE constató que los ciudadanos del Barrio “Mayor Galo Larrea”, ubicado cerca al río Tahuando, también están muy preocupados, ya que las aguas servidas que bajan por el río Tahuando desembocan cerca a su sector generando malos olores.
“Nosotros pediríamos que se nos seque definitivamente el desagüe del río Ajaví, lo ideal sería que todo se vaya a la planta porque de lo contrario la planta no sirve de nada. Nosotros de esto fuimos hablar con el señor (Gustavo) Andrade, gerente de Emapa-I, ya que a raíz que hicieron la planta esto provocaba un olor hasta más fuerte.
En ese entonces el gerente de EMAPA-I me supo manifestar que el olor venía del alcantarillado no de la planta y que por tanto, nos dijo que ahí no había nada qué hacer”, dijo Cecilia Morales, presidenta del barrio a este medio.
Ella, aseguró que este no es un problema nuevo, pero sin duda ha empeorado.
Defensoría del Pueblo.
“Nosotros tenemos un expediente defensorio sobre esta situación, desde luego que es importante que tengamos insumos y datos que avalen lo que los moradores están denunciando”, dijo la delegada de la Defensoría del Pueblo en Imbabura, Katherine Andrade.
La funcionaria personalmente estuvo ayer realizando las encuestas a los ciudadanos del barrio ubicado en la Av. Carchi.
“Se dice que hay una vulneración de derechos, de que aquí en el sector hay personas adultas mayores y con enfermedades catastróficas, justo eso queremos averiguar. Para eso también hemos solicitado información a las instituciones que están involucradas en este tema.
Ya nos han facilitado la información, tanto la Emapa-I, como la Prefectura de Imbabura. Hemos pedido de igual manera que el Ministerio del Ambiente con sus técnicos haga una visita en el sitio para así nosotros poder tener más insumos sobre este tema.
Es importante recordar que nosotros no somos un ente sancionador, pero sí vamos a verificar que no existan afectaciones en contra de la ciudadanía, por eso hemos venido aca”, dijo Andrade.
Ibarra.- “Yo tuve una sesión de trabajo con funcionarios de la Dirección de gestión ambiental del Gobierno Provincial de Imbabura (Diego Villalba, Jorge Castro y Agustín Rueda) para que me den un informe de las inspecciones que han realizado en los últimos días y nosotros sabemos que la Contraloría está haciendo sus auditorías ambientales en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)”, dijo el Prefecto de la provincia, abogado Pablo Jurado Moreno.
Descarga directa del río Ajaví
Pablo Jurado ratificó que no está llegando a la PTAR la totalidad de las aguas servidas, “y de los videos que me entregaron se puede ver que hay una parte de las aguas del río Ajaví que estarían descargando directamente al río Tahuando”. He dispuesto que se haga una coordinación con las autoridades del Ministerio del Ambiente que también tienen competencia de las descargas a los ríos, así como con la parte técnica de la Contraloría que también requiere que se facilite la información, precisó.
Los delitos ambientales están claramente establecidos en el Código Orgánico Ambiental que es muy fuerte, dijo Jurado, al añadir que como GPI entregan la información de las acciones emprendidas.
Ibarra. La respuesta a esta interrogante es evidente. El modelo de negocios de la parroquia de Caranqui, así como de otros sitios del casco urbano ha cambiado debido a la pandemia del coronavirus. Varios locales han tenido que cerrar y otros han adecuado sus espacios como fruterías y verdulerías.
Uno en cada esquina
En pequeñas repisas improvisadas de madera se exhiben al transeúnte: plátanos, verduras hortalizas, choclos, naranjas, huevos, pollos, carnes, entre otros productos de primera necesidad. Hay más de uno en cada esquina. Por ejemplo, en cuatro cuadras de la avenida Atahualpa, entre la Hernán González de Saa y Capitán José Espinoza de los Monteros se contabilizó una docena de locales.
“Hay mucha competencia, antes había menos fruterías, ahora tienen donde escoger”, dice doña Lucrecia Guama, habitual compradora de la zona.
La jornada en Ibarra
A las seis de la mañana comienza la jornada de muchos comerciantes en Ibarra. Ellos consideran que trayendo las frutas al barrio contribuyen con los vecinos para que no se expongan al virus de la Covid-19 bajando a comprar hasta el centro. Al mismo tiempo reconocen que el producto que se vende aquí es más alto.
“La gente no entiende y se queja que los precios son altos, pero no toma en cuenta que los mercados elevaron los precios y no hay control. Nosotros le compramos a ellos al precio que den, total de traer el producto, luego pagamos una camioneta que nos traiga el producto”, manifestó un comerciante que pidió no identificarse y que instaló su local de frutas quince días después de que se decretó la emergencia sanitaria, por una necesidad, ya que dejó de trabajar como instructor de un gimnasio en Otavalo.
Carnes al barrio
Pero las frutas no son el único sustento que llega hasta Caranquí. Alexis Chávez tuvo que trasladar su negocio de cárnicos, desde el Mercado Amazonas hasta la avenida Atahualpa, para precautelar su salud y la de sus padres, quienes son adultos mayores y perteneces a uno de los grupos más vulnerable a este virus y cuya salida de aislamiento aún no ha sido permitida por las autoridades.
“Desde marzo estamos vendiendo desde el domicilio con todas las normas de higiene requeridas”, recalcó el vecino mientras mostraba su certificado de haber adquirido la carne en la Empresa Pública de Faenamiento y Productos Cárnicos Ibarra. Todos en la familia tomaban recaudo a la hora de desinfectar el dinero que recogían en un latón y a su vez portaban guantes y mallas para el cabello.
Empleo y emprendimientos
En Caranqui no faltan los vecinos con espíritu emprendedor. Doña Rosita Carmen instaló en el parqueadero de su vivienda un espacio para expender frutas y legumbres.
Empleo
Jenifer Yandún es una de las beneficiadas de esta frutería improvisada. Ella explicó que es una buena oportunidad de poder vivir, del día a día, ahora que la crisis ha dejado a muchos sin empleo.
Antes de la pandemia, Jenifer se dedicaba al reciclaje de papeles y botellas y ahora atiende con una sonrisa a los ciclistas que se detienen a llevar frutas para sus casas. No quiso fotografías pues portaba su respectiva mascarilla y prefirió no retirarla de su rostro.
Historias
Cómo estas, hay más de una, en las principales avenidas de la ciudad. Incluso locales que antes funcionaban como sastrerías reemplazaron las telas por las frutas y los parqueaderos que servían para lavar autos ahora se encargan de traer las verduras hasta los barrios.
Ibarra. En el auditorio de la Prefectura de Imbabura, la Fiscalía Provincial de Imbabura realizó la rendición de cuentas del año 2019, en donde su titular, Gen Rhea, dio a conocer las estadísticas de las denuncias que llegaron a esta dependencia, además de los servicios brindados a la comunidad imbabureña.
En el evento estuvieron presentes autoridades y delegados de varias instituciones de los seis cantones de Imbabura.
En cifras. En su exposición, Rhea mencionó que de enero a diciembre de 2019, la Fiscalía recibió 8 446 denuncias. El mayor número se receptó en Ibarra, con un total de 5 828, seguido por Otavalo que acogió a 1 362 denunciantes, Antonio Ante con 526, en Cotacachi 468 y Urcuquí con 262 denuncias.
Los delitos más recurrentes en la provincia fueron el robo y hurto. En esta mayoría también se encuentra la violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar, intimidación y violación, abuso y acoso sexual.
Asimismo, se denunciaron 1 249 delitos flagrantes, la mayoría ocurrieron en Iba-rra y Otavalo.
Declaración. El fiscal provincial recalcó que se ofrece un servicio de calidad a las víctimas. Un ejemplo de ello es que en la Unidad de Atención en Peritaje Inte-gral (UAPI), se efectuaron 301 valoraciones psicológicas, 2 618 valoraciones médicas, 347 pericias de entorno social y se tomaron 78 testimonios anticipados.
Además, expresó que en esta provincia, el Sistema de Protección a Víctimas y Testigos (Spavt) acogió a 89 personas en 2019.
Rea enfatizó que la Fiscalía ha obtenido sentencias condenatorias y que no han quedado en la impunidad delitos como el femicidio de Diana Carolina Ramírez Reyes, cometido en las calles del centro de Ibarra el 19 de enero de 2019, pues el agresor cumple con un pena privativa de libertad de 34 años y ocho meses, la más alta emitida a nivel nacional por este delito.
Lo mismo ha ocurrido en casos relacionados con la minería ilegal, en donde un policía, militares y civiles han recibido fallos condenatorios.
Desde la Fiscalía además de coordinan, junto con la Po-licía Nacional, importantes operativos para desarticular organizaciones delictivas y lograr condenas para sus integrantes.
Otavalo. Aunque no existe una cifra exacta, se calcula que son más de 100 vendedores ambulantes que recorren las principales calles de Otavalo.
En cada esquina o cuadra hay un comerciante ofreciendo su producto, la mayoría vende frutas como mangos, frutillas o guabas.
Sin embargo, para transportar la mayor cantidad de productos, optaban por utilizar las carretillas pero estas ya se prohibieron desde ayer.
Esta normativa fue socializada por los agentes de control municipal, una semana antes de que empiecen los controles.
Pero los vendedores manifestaron que se sienten preocupados porque creen que los coches tampoco van a ser permitidos.
Durante un recorrido por las calles Sucre, Bolívar y el sector de la terminal terrestre, no se observó ninguna carretilla, quienes las usaban movilizaron los productos en baldes, gavetas o coches.
Preocupación. María Mo-rocho utilizaba las carretillas, pero desde ayer empezó a usar las gavetas. En una entrevista manifestó que se sienten engañados por el Alcalde, porque según ella en temporada de campaña les informó que podían vender con los coches, pero María señaló que “ahora dicen que ni en coche nos dejarán vender”.
Mencionó también que está de acuerdo en no utilizar las carretillas siempre y cuando les permitan trabajar con los coches, ya que según ella no ocupa mucho espacio. Este grupo de comerciantes del sector de la terminal se han organizado, María indicó que si se registra un problema con cualquiera de ellos van a hacer una marcha.
Amílcar Folleco también es otro vendedor, comentó que hay algunos agentes de control municipal que son “abusivos” porque no les dejan trabajar tranquilamente.
En varias ocasiones los agentes han manifestado que lo único que hacen es cumplir con el trabajo, con la finalidad de hacer respetar la ordenanza sobre la ocupación de los espacios públicos del cantón.
Coordinación. En una entrevista anterior, Marcelo Burbano, director de Segu-ridad Ciudadana del Muni-cipio, explicó que no se podrán realizar ventas ambulantes en carretillas, ya que han tenido el reporte de dos accidentes donde las personas han sufrido lesiones.
Agregó también que han identificado que las carretillas no son utilizadas por personas que tienen necesidad, “hay camiones puntuales donde en cada uno llegan de ocho a diez carretillas, es decir, las bajan y empiezan a distribuir. Son mayoristas que traen productos en camiones”.
Luis Narváez recorre desde hace cuatro años la zona de la terminal en su coche, aquí vende productos como aceite, papel higiénico y pasta de dientes.
En su mochila carga un documento impreso sobre una noticia titulada ‘el derecho al trabajo del comercio informal será respetado por orden constitucional’, información que fue emitida en le época de Rafael Correa, y con la que Luis se respalda.
Asimismo contó que algunos municipales son “groseros, se portan muy bravos”, dijo que a veces se cansa de recorrer las calles y se quiere quedar en un solo lugar pero los agentes no lo permiten.
Su jornada laborar es de lunes a domingo, Luis indicó que anteriormente la venta salía más rápido, pero ahora se ha bajado bastante aunque añadió que sí le alcanza para sostener su hogar.
Tradición. Hay otros comerciantes que salen con pocos productos, como Yolanda Cepeda que ha seguido la tradición de su madre.
Mencionó que recorre las calles desde los cinco años cuando le ayudaba a su mamá. “Nosotros somos de Otavalo, nacidos aquí y queremos trabajar por nuestros hijos y llevar aunque sea un pan a la casa”.
En una lavacara ofrece a la clientela granos tiernos, aseguró que no vende caro sino lo que es justo.
Ella también está preocupada porque dijo que ahora, los agentes le indicaron que deben vender en otro lugar. “No nos dejan vender tranquilos, nos siguen co-mo si fuéramos unos ladrones”, agregó Yolanda.
Ibarra. Según cifras entregadas en la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ibarra (Emapa-I) un 84 % de las a-guas contaminadas están siendo tratadas en la planta de aguas residuales sobre el río Tahuando.
“Imagínense ustedes si no hubiera la planta, el nivel de contaminación que tendría este afluente”, reflexionó el gerente general de Emapa-I, Gustavo Andrade, frente a la postura de un grupo de moradores de la Avenida Carchi que quieren que la obra se cierre.
Incluso hace pocos días, al menos 25 personas pusieron una gigantografía en una vivienda manifestando el “peligro” que dicen tener por estar expuestos al ruido y a los gases que desde ahí se emanan.
Plazos. Cuatro meses se o-torgó como tiempo para estabilizar la planta y eso es lo que se comunicó a los vecinos del barrio, localizado en el norte de la ciudad.
Para esto se ha conformado una veeduría ciudadana, organizada desde los mismos moradores, sin intervención de la empresa municipal, como lo detalló Washington Endara, técnico de Participación Comunitaria de Emapa-I.
El grupo está integrado por los ciudadanos Diego Espinel, Margarita Vaca, Cristina Chamorro y la vicepresidenta barrial Cecilia Gudiño.
Ellos y otros vecinos visitaron la planta, a mediados de septiembre, para constatar como se está trabajando en reducir los niveles de emanación de gases y de emisión de ruido.
Su vicepresidenta habló de estar expuestos a dos tipos de gases: el metano y el hidrógeno de sulfuro.
Frente a este tema, desde la empresa se dijo que está previsto que para enero del 2020 ya se haya estabilizado la planta y se reduzcan al mínimo los inconvenientes expresados a manera de reclamo.
Infraestructura. Andrade recalcó que cuando se construyó la planta de tratamiento solamente se pensó en la obra física pero no se planificó un correcto modelo de gestión.
“La obra es importante para Ibarra, no es un tema de oponerse por oponerse, es una planta necesaria”, indicó.
Sobre el mismo tema el gerente agregó que se incorporó un proceso de control y se cambió al jefe de planta con la finalidad de que se cumpla con esta nueva visión. “Me llama la atención que los vecinos hablen de la paralización de la planta. Si queremos ser una ciudad turística no creo que esta sea la solución”, añadió.
Andrade coincide con los vecinos en que la planta no debió construirse en ese sitio y que la razón de que se haya hecho cerca al puente de Los Molinos deberán responderlo las autoridades que la construyeron.
Este tema sería otra de las observaciones urgentes que hicieran los propietarios de las viviendas aledañas a la PTAR quienes hablaron de la posibilidad de ser reubicados en otro lugar pero bajo las mismas condiciones en las que se encuentran actualmente.
Intereses. El gerente de Emapa fue más allá. Habló además de “tener cuidado” porque dentro de estos reclamos puede existir también ciertos intereses particulares.
Este problema viene desde hace dos años pero en los últimos meses se han realizado permanentes estudios de laboratorio para ver los efectos del ruido y los malos olores.
Puso como ejemplo el caso de la planta de tratamiento de aguas residuales de Quitumbe, en la capital ecuatoriana, la cual visitó en el inicio de su gestión y recogió observaciones favorables de los moradores.
”Todos están de acuerdo en la importancia de esta obra, al contrario de lo que ocurre aquí”, dijo.
Análisis. Dos veces al año se revisa la calidad del agua que llega a la planta de tratamiento y están a la espera del último informe.
“Pero los problemas no se generan únicamente por la presencia de la planta. Existen descargas clandestinas, en la propia Universidad Técnica del Norte se puede observar que no tiene un sistema de pretratamiento de aguas residuales y debería tenerlo”, precisó Andrade.
Proyecto a futuro. Andrade explicó que también existe
un proyecto para recuperar las riveras del río Tahuando a través de mingas en los diferentes sectores por donde atraviesa el río. Hace un mes también se trabajó con los vecinos del sector de la avenida Carchi y el sábado habrá una actividad en el sector de La Victoria.
“Existen la garantías de que estamos trabajando en reducir las afectaciones de la planta pero también pedimos a la gente corresponsabilidad y apropiamiento de la ciudad”. señaló.
Desde la Emapa-I se busca completar la primera fase de la recuperación del río Tahuando en marzo de 2020, y en seguida arrancar con la segunda fase que es la ejecución del proyecto, puntualizó.
Se constituyó una veeduría ciudadana para vigilar el trabajo de la planta de tratamiento.El Gerente de Emapa-I, Gustavo Andrade, aclaró la importancia de que la PTAR siga, frente a la última medida tomada por vecinos.
Ibarra recuerda aquel jueves 27 de septiembre de 2018 en que la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Ibarra (PTAR) fue inaugurada. La gente nunca pensó que esa acción positiva desde todo punto de vista, que iba a mejorar la calidad de vida de los habitantes, mediante el tratamiento de las aguas residuales, con el pasar del tiempo se iba a convertir en un problema que requiere soluciones integrales. El trillado discurso de acusar a los anteriores no soluciona los malos olores, el problema interno de la PTAR y el análisis técnico y económico. Se sabe que por no cumplir los procedimientos ambientales exigidos, las multas van a ser una tras otra, pero… ¿y la solución? Las autoridades de EMAPA-I deben clarificar qué es lo que viene sucediendo, para tranquilidad de los ciudadanos y de la propia empresa. Qué pasó con las fiscalizaciones de la obra, sus resultados y cómo está la situación real en estos momentos. ¿Será imposible?
IBARRA.- Una veeduría ciudadana conformada por moradores de la avenida Carchi, dará seguimiento al plan de estabilización que se desarrolla en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR, ubicada en las orillas del río Tahuando, al norte de la ciudad.
Esta instancia veedora se conformó el sábado 14 de septiembre de 2019, inmediatamente se realizó un recorrido efectuado por los moradores del barrio a las instalaciones de la PTAR, para conocer el funcionamiento de cada uno de los procesos de depuración que cumple esta infraestructura y constatar las mejoras técnicas que se han implementado, durante la actual administración.
La veeduría ciudadana tiene como finalidad, contar con un acompañamiento permanente de la población, en el proceso de tratamiento de las aguas residuales y funcionamiento de los equipos y componentes de esta infraestructura.
En esta actividad, el Gerente de la EMAPA-I, Gustavo Andrade, explicó que, desde el inicio de su gestión, uno de los principales objetivo es el de mitigar los efectos que genera la PTAR.
Andrade, recalcó que una obra de esta magnitud debe contar con un modelo de gestión que garantice su adecuado funcionamiento y que no genere malestar en la población; en este sentido dijo además que se ha fortalecido el equipo técnico para asegurar el debido manejo y monitoreo permanente de la Planta.
“El trabajo conjunto y articulado entre la población y la Empresa, permitirá alcanzar el bienestar de la población”, señaló Andrade, durante el recorrido con los moradores.
Mientras que Nelson Vaca, Presidente del barrio Avenida Carchi, agradeció la apertura de las autoridades de la EMAPA-I, para escuchar y tomar acciones que permitan mitigar los efectos que produce el funcionamiento de la PTAR
Ibarra. Las huellas están presentes en el brazo, mano y rostro de Ruth Sierra, moradora del sector Los Molinos.
Ella es una de varias personas que viven en la avenida Carchi y que colinda con la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). Ellos desde hace cuatro años sufren de afecciones en la garganta, en los pulmones y en la piel.
Mientras muestra las pequeñas manchas rojas en una de sus manos, la vecina Ruth comenta que le causa sorpresa la gran cantidad de mosquitos que se pegan a las paredes y el gran tamaño de las cucarachas que suelen aparecer en las viviendas y que son más frecuentes desde que está en funcionamiento la PTAR.
“Teníamos unas pequeñas cucarachitas en las casas, pero ahora son enormes, Años atrás no sucedía esto. Quisiéramos que nos presten más atención. Antes que se construya esta planta pedimos que no sea aquí, pero no nos hicieron caso”, indicó Ruth.
Permiso. En enero del 2015, el Ministerio de Ambiente entregó oficialmente la Licencia Ambiental a la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ibarra (Emapa-I) para la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales del río Tahuando y que, según los moradores del barrio, la obra nunca fue socializada.
En ese entonces, desde la Dirección Provincial del Ambiente se informó que el objetivo era descontaminar las aguas del río Tahuando y depurar el agua residual de una población aproximada de 200 mil habitantes. Según la última encuesta elaborada por el INEC, en Ibarra ahora viven 181 175 personas.
Situación actual. Cuatro años después las afectaciones por los malos olores no han parado y son más evidentes.
En esto coincide el presidente del barrio de la Avenida Carchi, Nelson Vaca. Para el dirigente no se trata solamente de los olores sino que es un problema causado por la emanación de gases y los altos decibeles de ruido.
Vaca reconoce que ha tenido acercamientos con los nuevos administradores de la PTAR y de Emapa-I, los cuales han reconocido este tipo de problemas y les han ofrecido una solución en un plazo aproximado de cuatro meses. “Han transcurrido creo que dos meses esperamos y aspiramos que se cumpla”.
En tanto, Vaca entregó, la semana pasada, una solicitud al Gobierno Provincial para que se realice un monitoreo (24-7) del trabajo de la PTAR para que con base a este informe los vecinos puedan reclamar a una instancia superior por las diferentes afectaciones. Raúl Argoti, director de Ambiente del GPI, confirmó a este diario que ayer se realizó una visita técnica a las instalaciones de la PTAR.
