20 meses a la espera que la autoridad cumpla sentencia

Otavalo. El abogado defensor de la compañía de taxis Los Pendoneros habló en ENTV sobre la situación que están atravesando los socios de esta compañía y dio a conocer sobre el proceso legal que iniciaron en contra del alcalde del cantón, Gustavo Pareja y el procurador síndico, Cris-tian Espín.

¿Ustedes han demandado penalmente al alcalde Gustavo Pareja por desacatar una sentencia de la Corte Provincial. Tiene algún plazo para el cumplimiento o puede acudir a otras instancias?

No, el alcalde no tiene ningún plazo. Lo que la sala multicompetente de la Corte Provincial le concedió fueron 30 días de plazo, desde el 7 de febrero. Una acción de protección solo tienen dos instancias, la primera fue en Otavalo y la segunda en Ibarra y hemos ganado. Lo que nos llamó la atención fue que el alcalde y el procurador síndico, a través de su representante, Inti Remache, tuvo un error jurídico de contestar a la Corte diciendo que la sentencia es inejecutable, se creyeron en la facultad de determinar qué sentencia es ejecutable y cuáles no.

¿La última asignación de cupos se desarrolló en diciembre de 2016. Por qué no se intentó que ustedes sean beneficiarios?

El alcalde, con el asesoramiento del procurador síndico convocaron a este proceso para la asignación de cupos a personas naturales. Contraviniendo la Ley de Tránsito. Al conocer esto pedimos al juez de primer nivel, que por cierto también está contribuyendo con la dilatación del cumplimiento de la sentencia con su omisión, que suspenda esta entrega de 33 cupos. También pedimos al alcalde que suspenda el proceso.

¿Cómo avanza el proceso en contra del alcalde y procurador síndico?

Hemos presentado suficientes elementos de convicción, que servirán como pruebas en la siguiente instancia. Consideramos que el señor fiscal provincial tiene suficiente elementos para llamar a una formulación de cargos. Esto es gravísimo porque se tienen que señalar medidas cautelares. Vamos a pedir la prisión preventiva.

Su permiso de operaciones es desde 2002. ¿Qué pasó durante este tiempo?

En la sentencia está declarado de que existía el permiso pero se quedó en que este había que enmarcarle y colgarle en la oficina porque los socios no pueden trabajar.

Esto contraviene el espíritu constitucional por eso planteamos una acción de protección y el poder judicial nos ha dado la razón.