Un estudio de octubre de 2026 del economista David Castellanos calcula que más de 570.000 microempresarios ecuatorianos recurrirían al chulco y pagarían USD 2.486 millones anuales en intereses. La cifra dimensiona el impacto de estos préstamos. El análisis estima que Ecuador tiene 3,5 millones de microempresas y emprendimientos. Cerca de 1,6 millones estarían fuera del sistema financiero formal. Son cálculos agregados basados en información disponible y supuestos económicos. Condiciones de los préstamos Entre los factores de exclusión, el informe menciona los límites a las tasas de interés, que podrían dificultar la atención financiera a clientes considerados de mayor riesgo. Sin crédito formal, algunos comerciantes buscan dinero para cubrir gastos. Leer: Condenan a 22 años de prisión por femicidio en Cotacachi   Investigaciones previas citadas describen las condiciones de esos préstamos: el 71,8 % era inferior a USD 500 y el 41,3 % debía pagarse en 30 días o menos. Seis de cada diez prestatarios trabajaban diariamente para cubrir cuotas. Una investigación de 2021 registró tasas de hasta 1.238 % anual. Para estimar el costo total, el nuevo análisis aplica una tasa referencial del 120 % anual, bajo un escenario conservador. Pago de vacunas El informe advierte que los intereses reducen el dinero disponible para reponer productos, sostener operaciones y reinvertir. También señala posibles coincidencias entre crédito informal, extorsión, cobros coercitivos y lavado de activos, sin afirmar que todos los prestamistas cometan delitos. El Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado advirtió en septiembre de 2026 que algunas víctimas de extorsión recurren a préstamos ilegales. En sectores comerciales, el pago de “vacunas” puede sumarse a las deudas y aumentar la presión económica.

Derian A. fue condenado a 22 años de pena privativa de libertad como autor directo del delito de femicidio, ocurrido el 31 de mayo de 2025 en el cantón Cotacachi, provincia de Imbabura. La sentencia fue emitida por el Tribunal de Garantías Penales de Imbabura, tras valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado, según informó la institución. Hechos De acuerdo con la Fiscalía, el procesado acudió al domicilio de la víctima luego de acordar un encuentro con ella. En el inmueble, aprovechó su situación de vulnerabilidad y que se encontraba sola para ejercer violencia física extrema, que terminó con su vida. Leer: Operación Muralla deja cuatro detenidos vinculados a Comandos de la Frontera   Antes de abandonar el lugar, el agresor escribió una frase en una pared y dejó el cuerpo de la mujer en el patio de la vivienda. Al día siguiente, varias personas encontraron la escena y alertaron a las autoridades. Las investigaciones permitieron identificar al procesado, entre otros elementos, porque utilizaba el teléfono celular de la víctima. Pruebas presentadas Durante la audiencia de juzgamiento, Fiscalía presentó el testimonio de la agente investigadora y videos de seguridad en los que se observa al procesado ingresar al domicilio junto con la víctima y salir durante la noche. También comparecieron personas cercanas a la mujer y profesionales que participaron en la autopsia médico-legal, la evaluación del entorno social y familiar del procesado y la valoración psiquiátrica. El análisis telefónico estableció que Derian A. fue la última persona con la que la víctima mantuvo contacto. Contexto de género La autopsia psicológica y el informe de contexto de género identificaron una relación de poder entre el procesado y la víctima. Asimismo, el informe social y familiar de la mujer determinó las condiciones de vulnerabilidad en las que se encontraba. Con estos elementos, Fiscalía sustentó su teoría del caso ante el tribunal, que dictó la condena de 22 años de prisión contra el responsable del femicidio.