Sentencian a ocho policías del 30 S

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Sentencian a ocho policías del 30 S

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p21Ocho servidores policiales fueron declarados culpables de paralizar los servicios públicos en Otavalo durante el 30 de septiembre del 2010 (30S), por lo que fueron sentenciados a un año de pena privativa de libertad.    


Así lo resolvió el Tribunal de Garantías Penales de Imbabura, la tarde del pasado 4 de diciembre, tras la audiencia de juicio en la que participó el fiscal Edgar Pacheco.
En la teoría del caso, Pacheco expuso que estos uniformados paralizaron la prestación de servicios públicos, ya que protestaron frente a la Subjefatura de Policía de Otavalo e impidieron el acceso a los usuarios al interior de la institución.
La Fiscalía presentó varias pruebas con las que demostró la responsabilidad de los ciudadanos en el delito que se juzgó. Entre ellas constan los testimonios de peritos y de periodistas que estuvieron presentes en el lugar de los hechos.
Además, el fiscal expuso los informes de las pericias de audio y video y de identidad humana que permitieron individualizar a los responsables del delito.

 

AUDIENCIA
La audiencia de juzgamiento del caso 30-S de Otavalo, se instaló el pasado martes 17 de noviembre de 2015, a las 14:00, en la sala penal del Tribunal Penal de Imbabura.   La misma continuó durante los días miércoles 18 y jueves 19 de noviembre de 2015.
Se reanudó el jueves 3 de diciembre de 2015 por pedido de los defensores de los procesados ya que tienen otras audiencias que estuvieron señaladas. De igual forma los jueces también deben actuar en audiencias. Y continuó el viernes 4 de diciembre.
ANTECEDENTES
Ocho agentes del Comando de Policía de Otavalo fueron llamados a juicio, por su presunta responsabilidad en la paralización de servicios públicos durante la revuelta policial ocurrida el 30 de septiembre del 2010, 30S. El pasado 12 de junio, el fiscal Édgar Pacheco emitió  dictamen acusatorio contra ocho de los diez procesados en este caso. Además presentó varios  elementos de convicción  que hacen presumir la participación de los procesados en los hechos que se investigan, estos son: versiones de policías,  reconocimiento del lugar de los hechos, pericias de identidad humana y  cotejamiento de voces.  Pacheco indicó que el caos ocasionado el 30S impidió el normal desarrollo del servicio policial de Otavalo, lo que  produjo el cierre de instituciones educativas, de comercio y entidades financieras de la localidad.
El delito de paralización de servicios públicos está tipificado en el artículo 158 del Código Penal y en el Art. 346 del COIP,  que estipula la sanción de 1 a 3 años de cárcel.