Caso 30-S se tramitó en Ibarra y Otavalo

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Caso 30-S se tramitó en Ibarra y Otavalo

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p21En el caso 30-S, que ocurrió hace cinco años, la Fiscalía de Imbabura abrió dos procesos que se tramitaron en Ibarra que concluyó con sentencia condenatoria a un oficial y otro en Otavalo, cuyo trámite a 8 procesados continúa.    


La fiscalía realizó la investigación en los dos casos. En el proceso que se tramitó en Ibarra, contra el coronel Mario T., el Tribunal Penal de Imbabura, amparándose en el Art. 158 del Código Penal, bajo el delito de “Paralización de Servicios Públicos”, emitió la sentencia condenatoria de 1 año de prisión. Bajo el principio de favorabilidad el Art. 346 del Código Orgánico Integral Penal, la pena que se establece es de 1 a 3 años de prisión. El Tribunal, lo sentenció a 1 año.
Una vez emitida la resolución, la defensa del procesado interpuso el Recurso de Casación a la Corte Nacional, misma que rechazó y ratificó la sentencia de un año de prisión emitida por el Tribunal Penal de Imbabura.
La resolución nacional sobre la ratificación de la pena de este juicio que tuvo 20 Cuerpos Procesales, fue emitida meses atrás.

 

PROCESADOS
En Otavalo, la Fiscalía abrió un proceso de investigación a 8 policías. Luego de concluida la instrucción fiscal el Juez dictó el auto de llamamiento a juicio.
Dos procesados presentaron el Recurso de Nulidad en la Corte Provincial, pero no fue aceptado y la sala confirmó el Auto de Llamamiento a Juicio.
Se espera que el Tribunal Penal que corresponda por sorteo, fije hora y fecha para la audiencia de juzgamiento, en donde de acuerdo a las pruebas procesales la sentencia puede ser condenatoria o se ratifique la inocencia.
Cabe indicar que la figura legal de “Paralización de Servicios Públicos”, que fue uno de los delitos que ocurrió en el 30-S de 2010, prescribió, ya que se cumplieron cinco años y este delito fenece en este tiempo.
PROCESO NACIONAL  
 La Físcalía abrió 41 procesos en 17 provincias para sancionar a los autores intelectuales y materiales del 30-S, episodio que habría buscado atentar contra la democracia en Ecuador.
De los 41 procesos abiertos: 20 fueron por el delito de Suspensión de Servicios Públicos; cinco por atentado contra la seguridad del Estado; cuatro por asesinato; cuatro por incitación a la rebelión; dos por insubordinación; dos por no proteger las evidencias; uno por detención ilegal de personas; uno por sedición; uno por tentativa de magnicidio y uno por el presunto plagio al Presidente de la República. Las investigaciones en torno a este caso que ocurrió hace cinco años continúan.