23-08-2018 | 00:01
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El impasse jurídico GADI- familia Morejón se ahonda (VIDEO)

Los jueces, sin tomar acción como garantistas de derechos, lo que han hecho es indicarnos que el informe pericial, con todos los errores, es el válido”: REALPE

Ibarra. Mientras la ciudadanía ibarreña espera una solución a un problema que supera los 25 años entre la familia Morejón y el GAD municipal de Ibarra, hay preguntas que van saliendo a flote e inquietudes que más allá de las visiones políticas, deben tener respuestas jurídicas transparentes sin que se afecte a ninguna de las partes.

El procurador síndico de la municipalidad, doctor Hu-go Realpe, entrevistado en el programa Pulso Infor-mativo de El Norte TV y radio Los Lagos, consideró que no van a descansar hasta que se descubra la verdad. El Alcalde de Ibarra ha manifestado que va a proteger los bienes de la ciudad y eso es lo que vamos a hacer, afirmó .

¿Cuál es el papel de los jueces?. Los jueces tienen la obligación de vigilar el cumplimiento de los derechos en igualdad de condiciones. La Constitución es garantista de derechos y los jueces ya no se pueden ir solo por el camino de la simple legalidad cuando deben primero observar los procedimientos.

¿Qué se debió hacer? El abogado que defiende a los propietarios de los terrenos, lo que debía haber hecho es revisar el peritaje y mandar para que se pongan áreas, dimensiones y linderos y ahí se solucionaba el problema. Lastimosamente los abogados de la familia Morejón lo que hacen es aprobar el informe señalando que, supuestamente, ‘ha sido redactado con claridad y con fundamentos en los que se apoyó’, pero eso es falso.

¿Dónde está el real problema? Nosotros consideramos que el problema es sensible jurídicamente hablando y un problema generado por los administradores y operadores de justicia... ahí está el problema.

¿Y la sentencia dónde queda? La sentencia no estamos discutiendo, la sentencia tiene que cumplirse porque se indica que se proceda conforme a derecho, pero lo que ocurre es que cuando quieren ejecutar la sentencia hay graves equivocaciones que debían, en su momento, ser aclarado por un perito calificado e independiente. Los errores jurídicos están ahí y los jueces han dado legitimidad a esos errores y esa es la tesis que manejan los propietarios del terreno.

¿Y su tesis, cuál es? Nuestra tesis se basa en el pedido a los jueces, les hemos explicado con planos, levantamientos técnicos realizados por el municipio, les hemos expuesto las áreas reales existentes que dan 42 mil metros cuadrados que defiende el municpio.

¿El problema se agrava? La realidad es que los administradores de justicia que son los llamados a dar a cada quien lo que le corresponde, lo que han hecho es agravar el problema, porque el conflicto nace cuando piden el perito y esto no es en la administración del alcalde Alvaro Castillo ni conmigo. Lo que nosotros hemos indicado a los jueces son los errores esenciales y que por favor rectifiquen y si hay que pagar que sean en las justas áreas.

¿Por qué se dimitió los bienes municipales? Estamos en una dificultad inmensa este momento porque nos obligan a dos alternativas: pagar o dimitir bienes, optamos por la segunda...

¿El municipio está cediendo ante la familia More-jón? Pero es que ya hemos agotado todas las instancias, no hay opciones en la parte contenciosa y los jueces han creído que la solución al problema es multarle al abogado, diciendo que estamos interrumpiendo la administración de justicia.

¿A su criterio, hay o no hay arreglo? Para mi los administradores de justicia son los responsables de todo el problema, si asumen su responsabilidad los jueces constitucionalistas, esto se puede arreglar, mientras tanto esto no termina.