La protección de pueblos en aislamiento voluntario, una prioridad para el Gobierno Nacional

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maeEn el marco del fortalecimiento a la Política Nacional de protección de los Pueblos en Situación de Aislamiento Voluntario y la conservación de los recursos naturales en su territorio, hoy se firmó un Convenio Interinstitucional, entre el Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos, Ministerio del Ambiente y Ministerio de Defensa.

El Acuerdo tiene como objetivo desarrollar un Plan de Acción en el que se establece actividades específicas para el control, monitoreo y protección de la zona. Además entre los compromisos adquiridos se destaca la conformación de una mesa interinstitucional de coordinación, el levantamiento de alertas tempranas, elaboración y diseños de mapas de riesgos, socialización de protocolos de protección, difusión de una cultura de paz, a más de capacitación en territorio.

Al respecto, Rosana Alvarado, Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos indicó que “estas iniciativas fortalecen el trabajo que se desarrolla con gente comprometida en este tema sensible”.

Para el cumplimiento de las acciones acordadas se contará con apoyo logístico y técnico de personal de Fuerzas Armadas.  En este sentido, Miguel  Carvajal, ministro de Defensa, indicó que “es importante la suscripción de este convenio, en el que se renuevan esfuerzos desarrollados desde el  2007”.

Por otro lado el ministro del Ambiente,  Tarsicio Granizo, señaló que el Acuerdo aporta al trabajo  de conservación que se realiza en  el Parque Nacional Yasuní. “Hemos dicho que será parte de nuestra política controlar el tráfico de especies y de madera en zona intangible. Este esfuerzo es la continuación de una política de Estado que fue una realidad en estos últimos años de Gobierno”, enfatizó.

El presente convenio tendrá  vigencia a partir de su suscripción, con un plazo de cinco años en el que se garantizará  la vida y autodeterminación de los pueblos en aislamiento voluntario frente a las amenazas  externas detectadas. Este esfuerzo conjunto busca  preservar la intangibilidad del patrimonio natural existente, y el control de tráfico del comercio ilícito de los recursos naturales.