11-09-2018 | 09:59

Amnistía es el pedido de 250 personas por el 30-S

En la mayoría de casos, en ocho años luego del 30-S, solo se llegó a formular cargos por el delito de atentar contra la seguridad del Estado.

Quito. Con la amnistía esperan beneficiarse 250 procesados por los hechos del 30 de septiembre de 2010, acusados de atentar contra la seguridad del Estado.

Entre ellos están 100 militares, 100 policías y 50 civiles que, desde marzo de 2018, están agrupados en la Asociación Víctimas del 30-S.

Proceso. Juan Carlos Robalino, suboficial en servicio pasivo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, FAE, es uno de los procesados por la protesta que se realizó hace ocho años en La Recoleta, en los alrededores del Ministerio de Defensa.

31 uniformados de la FAE permanecieron en el lugar y ahora esperan que la Asamblea Nacional Legislativa apruebe la amnistía, que consiste en el olvido del delito.

Tras ocho años, en el caso de La Recoleta, a lo único que se ha llegado judicialmente es a la formulación de cargos.

Robalino enfatiza que han solicitado la designación de un fiscal, pues quien llevaba el caso, Iván Ron, ya no trabaja en la Fiscalía.

“Hasta cuándo nos quieren o no juzgar... son ocho años de persecución implacable que incluso los teléfonos celulares tenemos pinchados”, enfatiza el suboficial (sp) Robalino.

Agrega que lo que desencadenó el reclamo contra el expresidente Rafael Correa fue el retiro de beneficios y “derechos adquiridos como condecoraciones, sueldos por ascensos... yo salí indignado a La Recoleta, pacíficamente. No salí ni con fusiles ni disparando ni agrediendo la propiedad pública ni privada y nos tacharon de saboteadores y terroristas...”.

Aeropuerto. El suboficial I de la FAE (sp), Luis Alberto Durán, comando paracaidista, estuvo en el antiguo aeropuerto Mariscal Sucre, aquel 30 de septiembre de 2010.

Califica al 30-S como un mal día. Él y el cabo de Policía, Jorge Duicela, son los únicos declarados inocentes, por la paralización de servicios públicos, el dictamen lo dio la Corte Provincial de Pichincha, el 21 de mayo de 2018.

Durán precisa que a cada uno de los 320 militares de la FAE, que participaron en el reclamo en el exaeropuerto, la Contraloría General del Estado “obligó” a pagar USD 3 326, lo que en total suma 1 millón 064 mil 320 dólares, monto que fue pagado el 4 de agosto de 2016.

En la actualidad, son 63 los procesados de la FAE por paralización del servicio público.

Prelibertad. Eduardo Mullo es un expolicía sentenciado a 12 años de cárcel, por tentativa de magnicidio contra el expresidente Rafael Correa.

Fue dado de baja, de la institución policial. Él dice que laboró normalmente en la Policía Judicial de 08:00 a 18:30, el 30 de septiembre de 2010 y que finalizado el turno acudió a encontrarse con su esposa para que ella ingrese a laborar en un hospital privado, a las 19:00.

Manifiesta que él tomó el rumbo a su casa, en San Carlos. Asegura que en ese momento es fotografiado en el sitio de la protesta. “Con esa foto me involucran al proceso y me sentencian a 12 años”. Enfatiza que estuvo en el lugar y momento equivocados y que no participó en la protesta policial.

“Por proteger mi vida y para que no me alcanzara ningún proyectil corrí y ahí aparezco en la fotografía”, precisa. “Buscaron culpables”, dice Mullo, quien estuvo detenido desde el 27 de septiembre de 2013 y obtuvo la prelibertad el 4 de septiembre de 2018.

“no somos terroristas...”